La participación del Estado en los ingresos obtenidos por la exploración y explotación de hidrocarburos se ha situado en 70% en los últimos 15 años, explicado principalmente por la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el superciclo de precios de exportación de gas natural entre los años 2004–2014 y el incremento en la producción de gas natural hasta el año 2015.

Posteriormente, desde 2016, se observa una disminución significativa de la renta petrolera, alcanzando el año 2019 una diferencia de -68% con relación al valor obtenido el 2014, derivando, desde ese momento, en cinco años consecutivos de déficit fiscal en el país.